El gobierno de Javier Milei en algo menos de un semestre de gestión ha sentado las bases de su gobierno mediante una batería de políticas que tiene como objetivo transformar la estructura económica del país. Las iniciativas más importantes han estado contenidas en el DNU 70/2023 que desmantela a las instituciones que han apoyado los procesos de innovación y apuntalamiento técnico, además desarticulan los mecanismos de protección e incentivo a la industria nacional. La fuerte intervención del Estado tiene como principal objetivo consolidar a la Argentina como un exportador de materias primas. Esta lógica de reprimarización de la economía tiene entre sus puntos más álgidos el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones – RIGI- contenida en la Ley Bases que compromete por 30 años la capacidad productiva del país favoreciendo un régimen de importaciones mediante el acceso a las divisas financiadas por el Estado, mientras que las divisas producto de las exportaciones pueden ser transferidas sin ninguna restricción, lo que promueve un modelo extractivista con un fuerte incentivo a la extranjerización de los recursos naturales del país sin ninguna contraprestación con el mercado nacional y sin una legislación que regule y proteja a la sociedad de las consecuencias medioambientales de este modelo extractivista.

Así mismo, la intervención del Estado favorece las prácticas especulativas del sector financiero en detrimento de la responsabilidad gubernamental para garantizar el fortalecimiento de la capacidad productiva. En la Ley Bases, se flexibiliza la regulación existente para favorecer un blanqueo de capitales a tasa cero, la rebaja del impuesto patrimonial a los Bienes Personales, privatizaciones de empresas públicas e intervención de organismos descentralizados, la desregulación del sector hidrocarburífero.

Este nuevo modelo afecta sobre todo a las mujeres y personas que trabajan en las economías populares por la eliminación de la moratoria previsional, a quienes trabajan para vivir por una reforma laboral que conlleva la institucionalización de la precariedad, así como la destrucción de las instituciones que garantizan la reproducción de la vida.

En este panel se reflexionará en los impactos de estas políticas en el sector industrial, los impactos medioambientales y las implicaciones sociales que estas políticas tienen desde una perspectiva de género.

Panelistas

María Soledad Fernández Bouzo
Doctora en Ciencias sociales UBA. Investigadora CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Profesora adjunta a cargo de la materia Teoría y praxis de los ecofeminismos. Carrera de Sociología. Universidad de Buenos Aires.

María Apólito
Ex- Subsecretaría de Economía del Conocimiento de Nación. Autora de la Ley de Economía del Conocimiento y de la Ley de NanoBiotecnologia. Especialista en temas de innovación y desarrollo productivo.

Leonardo Wagner
Presidente del departamento de Infraestructura y Parques Industriales de la UIPBA.. Miembro de la Unión Industrial Quilmes. Director ejecutivo Parque Industrial La Bernalesa.

Barbara Cuoto
Decana del Instituto del Conurbano ICO-UNGS Doctora en Ciencias Sociales, Facultad en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Magíster en política comparada latinoamericana, London School of Economics and Political Science. Lic. en Sociología Universidad de Buenos Aires.

Coordinan
Natalia Quiroga Díaz (ICO-UNGS/CLACSO)
Rodrigo Carmona I(CO-UNGS/CONICET)

Organiza
Grupo de Trabajo CLACSO Economía feminista emancipatoria